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Conoce el problema

El Río Santiago ha sido fuente de desarrollo económico en la región; sin embargo, estas actividades han traído consigo también consecuencias. La contaminación del agua en la cuenca del Río Santiago es diversa y compleja, incluye carga orgánica, metales pesados –algunos carcinogénicos-, y otros contaminantes. Ante la vasta polución, la capacidad natural de depuración está rebasada.

De acuerdo con diversos estudios consultados, los cambios de uso del suelo, los asentamientos humanos y la actividad industrial son las fuentes principales de contaminación del agua del Río Santiago. Adicional a lo anterior, las actividades agropecuarias y la disposición de residuos tienen aportes importantes a la contaminación del Río que aún no han sido estudiados.

La actividad agrícola en la cuenca del Río Santiago es sobre todo de temporal, aunque existen grandes extensiones donde se utiliza riego y algunos municipios en los que se concentra la agricultura protegida. El cultivo del agave tequilero ocupa importantes extensiones; además, existe una fuerte actividad de ganado bovino lechero, porcino, avicultura, y en menor proporción equinos y apicultura. La ganadería tiende a ser, en su gran mayoría, extensiva y de doble propósito (Bollo M., et al., 2017).

 

La industria tequilera y la presencia de numerosas granjas porcinas producen una fuerte contaminación a causa de la descarga directa de sus residuos en el cauce del Río. Asimismo, el uso de fertilizantes y plaguicidas contamina el agua en la cuenca del Río Santiago (Bollo M., et al. 2017), donde se registran rastros de dicloro difenil tricloroetano (DDT) y otros agroquímicos desde la década de los setenta (McCulligh, C., et al. 2007). En 2012, Tlajomulco de Zúñiga registró un alto uso de plaguicidas y fertilizantes, representando más de la mitad del consumo total de los municipios que forman parte del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA), seguido de Zapopan y Zapotlanejo, para ambos tipos de químicos (Ciatej, 2012).

 

El uso de sustancias químicas ha degradado los suelos de la región que presentan una alta tasa de erosión. Además, se reporta que el bajo rendimiento de algunos cultivos, sobre todo los de ciclo temporal, desalienta a los agricultores a seguir con esta importante actividad económica (Ciatej, 2012).

 

Otra consecuencia del uso de fertilizantes, es el ingreso de nutrientes (nitrógeno y fósforo) debido a los escurrimientos agrícolas, generando un grave problema de eutrofización (Bollo M., et al., 2016). Además, estas aguas enriquecidas propician la proliferación sin control de especies invasivas, tales como el lirio acuático (Eichhornia Crassipes) y el carrizo (Arundo donax) detectadas en el Río Santiago (Semarnat, 2005). Dichas especies provocan asolvamiento dentro del cuerpo de agua, mayores pérdidas de agua por evapotranspiración y decremento del oxígeno disuelto, el cual impacta de forma directa en la salud del ecosistema acuático (Gopal, B., 1987; Barret, S. C. H. y Forno, I. W., 1982).

La industrialización de la cuenca alta del Río Santiago es producto de una serie de políticas regionales implementadas a principios del siglo XIX que resultaron en la conformación de un eje industrial a la par del de la Ciudad de México (Durán J. M., et al. 1999). Así, se logra el cambio industrial cuando en 1866 se instalan las fábricas de hilados Río Blanco y textil Río Grande a orillas del Río Santiago e inicia el funcionamiento de la primera planta hidroeléctrica, a nivel nacional, en la cascada El Salto de Juanacatlán (Durán J. M., et al. 1999).

En la década de los setenta se sumaron más de nueve grandes plantas (Ciba-Geigy Mexicana y Celulosa y Derivados –Crysel-, entre otras) al corredor industrial asociado al Alto Santiago (Durán J. M., et al. 1999). Lo anterior, coincidió con la detección inicial de niveles peligrosos de contaminación y el cambio de color del agua del Río Santiago (McCulligh C., et al. 2007).

De acuerdo con estimaciones del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), la superficie urbanizada del AMG aumentó de 22,329 hectáreas en 1980 a 69,250 hectáreas en 2015 (3.1 veces más). En las últimas décadas, la expansión urbana ocurrió sobre todo en zonas ejidales próximas al bosque La Primavera y a lo largo de la carretera a Colima, dentro de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan; así como, en el Valle de Toluquilla donde se construyeron mega desarrollos (Ciatej, 2012).

Esta dinámica sobrepasó las expectativas en términos de la planeación urbana que quedó rezagada respecto a los servicios públicos y la infraestructura necesaria de vivienda para la población. Lo anterior, generó impactos al ecosistema local, a través de los cambios de usos del suelo, los patrones de urbanización, la contaminación de los cuerpos de agua, la desecación de humedales y la contaminación por residuos sólidos (Lezama, E., 2016).

En 2012, se pone en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales El Ahogado y en 2014 la de Agua Prieta, para tratar las aguas residuales municipales del Área Metropolitana de Guadalajara y otros municipios conurbados, como Tlajomulco de Zúñiga. Estas plantas tratan sobre todo aguas municipales; sin embargo, falta infraestructura de conducción para hacer llegar la totalidad de la que se genera, pues falta incorporar una parte de Tlajomulco y varias descargas ubicadas al norte del Área Metropolitana que descargan sin tratamiento al Río Santiago y sus afluentes; estas últimas ante la carencia del túnel interceptor que las debe conducir a la planta de Agua Prieta.

Además, se requiere incrementar la cobertura de colectores en la cuenca de El Ahogado para lograr captar y sanear el agua residual que se genera en la zona y a su vez, ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales El Ahogado.

Por otro lado, las comunidades en la periferia de Guadalajara también se ven afectadas por los vertederos de residuos, que vierten sus lixiviados en el Río Santiago y sus afluentes (Gran Castro, J., 2016). Esto daña la economía local debido a la baja de la producción agropecuaria, eliminación de la pesca y de la actividad turística (Ciatej, 2012; Gran Castro, J., 2016); además de contaminar el aire con bacterias que pueden provocar afectaciones a la salud de la población (Ciatej, 2012).

Las descargas al Río Santiago, tanto de aguas residuales como industriales, dan lugar a un proceso de descomposición que genera variedades de gases y vapores (ácido sulfhídrico, metano, compuestos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono) (Santana, L., 2015). La falta de regulación de actividades como las ladrilleras y los bancos de material, sumados a la emisión de gases del Río, generan un impacto sinérgico en la disminución de la calidad del aire.

En 2012, se registraron 556 ladrilleras en el área del POFA, de las cuales cerca del 80% se ubican en El Salto, Zapopan, Tala y Tonalá (Ciatej, 2012). La fabricación de ladrillos genera miles de empleos directos e indirectos para las distintas comunidades. Por desgracia, por la escasa tecnificación es una fuente importante de contaminantes que pueden afectar la salud de la población (Ciatej, 2012).

Asimismo, se identificó la presencia de alrededor de 73 bancos de materiales en esta área, ubicados sobre todo al poniente, sur y oriente del POFA. Dichos sitios en operación o en abandono son considerados como fuentes de re-suspensión de partículas en especial por acción de los vientos (Ciatej, 2012) y, además, aportan sedimentos sólidos que degradan las corrientes naturales y asolvamiento de las presas (Ciatej, 2012; Bollo M., et al., 2017).

Por décadas, el Río Santiago ha sido modificado en su flujo hidrológico natural. Por una parte, se encuentran los grandes sistemas de presas aguas abajo del AMG, como Santa Rosa, La Yesca, El Cajón y Aguamilpa. Pero esto no se limita a la zona con potencial de generación de hidroelectricidad, en la cuenca alta del Río Santiago también existen varios puntos de retención hidráulica que limitan los procesos de depuración natural y provocan fragmentación y pérdida de hábitat, lo que a su vez genera afectaciones a la biodiversidad; así como la generación de malezas acuáticas y azolve, debido a la poca velocidad del agua.

En la cuenca alta estos puntos de retención son: sistema de bombeo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Ocotlán (con compuertas que permiten o limitan la salida de agua del lago de Chapala hacia del Río Santiago, y del Río Zula hacia el lago de Chapala), Presa Poncitlán, Presa Corona y Presa Derivadora de El Salto, estas últimas creadas para abastecer de agua a distritos de riego y localidades.

En 2017, el volumen total de agua superficial consumida por el Área Prioritaria de Intervención Santiago-Guadalajara constituyéndose de la cuenca alto Santiago y la subcuenca del Río Zula (la cual tiene confluencia con el Río Santiago) se usó sobre todo para la generación de energía eléctrica (1,328.18 mm3/año), seguido del agrícola (15.12 mm3/año), público urbano (4.25 mm3/año), servicios (1.49 mm3/año), múltiple (0.50 mm3/año), industrial y pecuario (0.64 mm3/año) (Conagua, 2017).

Mientras que el uso predominante del agua subterránea consumida fue el agrícola (26.82 mm3/año), es decir, 1.8 veces más que el volumen de agua superficial utilizado para este caso y que representa el 57.3% del uso de agua subterránea. El otro uso predominante es el industrial con el 15.4% de la extracción, con un volumen de 7.21 mm3/año, 19 veces más que el de agua superficial dedicado a este uso (Conagua, 2017). El volumen para público urbano es de 6.68 mm3/año, 1.6 veces más que el correspondiente al agua superficial; y por último para el uso pecuario con 0.2 mm3/año (Conagua, 2017).

Estos volúmenes de agua y diversidad de usos consuntivos reflejan la importancia de la cuenca del Río Santiago como eje de desarrollo económico que ocasiona la importante contaminación de sus aguas; cuya calidad ha sido catalogada como pobre e incompatible con el uso humano (Contreras C. A., et al., 2013). Lo anterior, con base en los datos de monitoreo de la calidad del agua que realiza la Comisión Estatal del Agua (CEA) desde el año 2009; los cuales evidencian que el promedio histórico de oxígeno disuelto se presenta muy bajo a lo largo del Río, mientras que algunos de los niveles de: nitrógeno amoniacal, sustancias activas de azul de metileno, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), fósforo, sólidos suspendidos totales (SST), coliformes fecales, metales pesados –algunos carcinogénicos– como aluminio, cadmio, fierro, bario, mercurio y zinc; se presentan por arriba de la norma (Bollo, M., et al. 2017). Además, de químicos como: nonifenol, ftalatos, octifenol y bisfenol, productos químicos utilizados en industrias como detergentes, retardantes de flama y elaboración de plásticos, entre otros. Dichos contaminantes son vertidos en las aguas residuales de origen municipal, y los efluentes de granjas porcícolas, la agroindustria e industria pecuaria, como destilerías y lecherías, lixiviados de vertederos e industria en general (CEAS, 2006; CEA, 2012; Greenpeace, 2016; COCURS, 2017; Bollo M., et al. 2017).

Con todo lo anterior, el Río Santiago recibe una gran carga de contaminantes que no tiene capacidad de asimilar; la eutrofización es muy alta (Bollo M., et al., 2016).

En la década de los setenta, el Río Santiago era considerado como un atractivo turístico y natural, contaba con un caudaloso afluente con agua limpia, que alimentaba e inundaba de vida una amplia y próspera zona turística, frutícola, agrícola y ganadera (McCulligh C., et al., 2007; CEDHJ, 2018).

La cascada El Salto de Juanacatlán, otrora conocida como el «Niágara mexicano», representó un recurso natural muy importante para la población local y para el turismo (Ciatej, 2012). Ahora es un foco de contaminación, no solo para la población local, sino de quienes la visitan y aquella que vive en las proximidades, ya que el agua de la cascada está contaminada, transfiriéndose al aire por los aerosoles que de esta se desprenden, así como la emisión de olores desagradables (Ciatej, 2012).

Dicha contaminación se asocia a problemas de salud pública de diversos tipos (McCulligh C., et al., 2007). Organismos encargados de la protección y defensa de los derechos humanos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal Latinoamericano del Agua han registrado el reporte de malestares y padecimientos por parte de los habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán (Arellano, O., et al., 2012).

En el contexto mundial, de acuerdo con los modelos de Lalonde y Dever, se estima que el 19% de la carga de enfermedad de una población se encuentra asociada al medio ambiente, los estilos de vida un 43%, la biología humana un 27% y la provisión de servicios de salud un 11% (Dever, A., 1991). Según lo explicado en el modelo de Laframboise-Lalonde, el medio ambiente como determinante de la salud, es entendido como todos aquellos factores externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control, tales como contaminación química de las aguas y del aire, ruido, campos electromagnéticos, contaminantes biológicos, así como factores psicosociales y socioculturales nocivos (Laframboise, H. L., 1973).

Si bien a nivel global, según datos de la OMS, se calcula que un 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad general son atribuibles a factores medioambientales (OMS, 2017); en Jalisco no se cuenta con datos suficientes para un análisis de estas relaciones. Como un primer esfuerzo, la vigilancia de las enfermedades en el estado se basa en el Sistema Único para la Vigilancia Epidemiológica (Suive), el cual, en su operación se puede identificar de manera temprana la presencia de un aumento inusual de casos específicos de enfermedades y apoya la toma de decisiones oportunas.

Sin embargo, en lo que se refiere a los 27 municipios de la cuenca, el análisis realizado de los últimos 7 años indica que el comportamiento de los principales padecimientos registrados, se presentan dentro de parámetros similares a lo reportado en la media estatal, siendo los principales: Infecciones respiratorias agudas, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Infección de vías urinarias, úlceras, gastritis y duodenitis, gingivitis y enfermedad periodontal, intoxicación por picadura de alacrán, otitis media aguda, conjuntivitis, hipertensión arterial y obesidad. Con lo anterior, el objetivo del sistema es una limitante para el diagnóstico situacional con enfoque causa efecto, ya que se enfoca en identificar los padecimientos observados en las localidades; más no en la asociación entre padecimientos específicos y la exposición a contaminantes.

Por otro lado, se ha presentado demanda social sobre la relación de la enfermedad renal y la contaminación; sin embargo, en nuestro país no existe un sistema de información centralizado que registre la totalidad de pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica (ERC) en sus distintas etapas; lo anterior a pesar del valor que puede tener esa información para su caracterización, determinación de incidencias y prevalencias, análisis de costos y planeación de acciones y recursos (Tamayo, J., 2016). A pesar de ello, es innegable la trascendencia de la enfermedad, ya que, a pesar del subregistro mencionado, los sistemas de información oficiales disponibles, citan la ERC dentro de las principales causas de mortalidad general en el último decenio.

Por todo lo anterior, es importante fortalecer los sistemas de vigilancia ambiental encaminados a identificar de forma oportuna las concentraciones de los contaminantes en la zona y se establezcan medidas preventivas y correctivas a la generación de contaminantes, a fin de evitar riesgos a la población.

Por último, parte importante del contexto es la falta de información ambiental oportuna, integral y actualizada. Si bien se cuenta con decenas de estudios, diagnósticos e instrumentos de planeación vinculados al Río Santiago, que son de conocimiento y consideración de la presente administración pública, y que tratan temas tan diversos como: identificación y caracterización de contaminantes, causas socioeconómicas de la contaminación, afectaciones a los derechos humanos y movimientos sociales en torno a la problemática; faltan estudios enfocados a temas como el impacto de las actividades agropecuarias o las afectaciones a la biodiversidad en la región; es necesario también contar con sistemas de información estandarizados que permitan identificar y caracterizar de manera adecuada los padecimientos asociados con la contaminación ambiental y actualizar los estudios integrales de calidad del agua que incluya cobertura de contaminantes no normados, por mencionar algunos ejemplos.

Con el propósito de proponer soluciones a los daños que la problemática del Río Santiago genera en la salud humana, en los municipios de Juanacatlán y El Salto, han surgido diversos movimientos sociales por la justicia ambiental. Estos movimientos van más allá de los problemas ambientales, en su discurso articulan y cuestionan la vigencia de los derechos sociales en Jalisco, pues por lo general están conformados por habitantes de zonas afectadas de forma directa (Martínez P., y Hernández, E., 2010).

Tras los sucesos vinculados a afectaciones a la salud de la población, la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha y las demandas sociales en torno a ello, tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ), como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitieron en 2009 una serie de recomendaciones por la violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social y al desarrollo sustentable, como consecuencia de la contaminación del Río Santiago (CEDHJ, 2009).

Hasta la fecha, el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades locales y estatales está casi solventado. Ejemplo de ello, es la puesta en operación de las PTAR El Ahogado y Agua Prieta, con lo cual la remoción de contaminantes de origen doméstico ha sido notoria; sin embargo, los aportes contaminantes de otras fuentes, aguas residuales urbanas, como los efluentes industriales y lixiviados de vertederos se siguen manifestando, reduciendo el esfuerzo realizado por la CEA (Ciatej, 2012; COCURS, 2017).

El desarrollo de la industria en la cuenca del Río Santiago no reparó en los efectos contaminantes de sus procesos de producción que se perciben como males necesarios o como efectos colaterales de la actividad industrial (Lezama, E., 2016). Por un lado, la normatividad ambiental para descargas directas a las aguas nacionales presenta sesgos, dado que se tienen criterios costo-beneficio, asegurando con ello la predominancia del interés de los sectores privados (McCulligh, C., 2016). Por otro lado, los reportes gubernamentales, como el Registro Estatal de Transferencia de Contaminantes, se basan en la información auto-reportada y la autorregulación como tal de la industria; mientras que rara vez se lleva a cabo la verificación y, en su caso, sanción por parte de la autoridad (McCulligh, C., 2016).

 

img Mapa causas

 

Los grandes factores que intervienen en el proceso de degradación del Río pueden agruparse en las siguientes causas directas y subyacentes:

Causas directas

  • Descargas de aguas residuales urbanas por saneamiento incompleto (infraestructura insuficiente, obsoleta o fuera de operación).
  • Descargas industriales diversas.
  • Arrastre de agroquímicos.
  • Desechos de la actividad pecuaria.
  • Arrastre de residuos y aporte por lixiviados.
  • Cambio de uso del suelo por expansión agropecuaria, industrial y urbana.

Causas subyacentes

  • Vacíos legales.
  • Ineficiente normatividad.
  • Presupuestos públicos limitados.
  • Capacidades institucionales insuficientes.
  • Falta de coordinación interinstitucional.
  • Regulación basada en criterios costo-beneficio y no en la sustentabilidad.
  • Dependencia del auto-reporte por parte de usuarios.
  • Falta de información oportuna para la toma de decisiones.
  • Falta de inspecciones y sanciones al incumplimiento de la normatividad.
  • Corrupción e impunidad

Un problema importante alrededor de este tema es que las atribuciones preponderantes en materia del control de la contaminación de cuerpos de agua nacionales –como lo es el Río Santiago– caen en la esfera federal. Sin embargo, existen también importantes áreas de oportunidad en la regulación estatal y municipal que tienen que ser atendidas si se busca incidir con contundencia en el estado de las cosas.

En este sentido, la atención para resolver la contaminación del Río Santiago por parte del gobierno estatal reside en el interés de cumplir y hacer cumplir con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4° y 133°: «Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar […]». Este derecho se encuentra tutelado, a su vez, en el ámbito nacional, en los artículos 1° y 15° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) del 28 de enero de 1988, reformada el 7 de septiembre de 2005; y, en el ámbito estatal, en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 4°; y en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA), artículo 9°, fracción X, que establece que: «Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, así como el deber de protegerlo y conservarlo. Las autoridades, en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para preservar ese derecho».

Cabe señalar que la prevención y control de la contaminación del agua, en su artículo 117°, fracción II, la LGEEPA señala que: «Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo».

Además, dentro de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, se estipula en el Capítulo Séptimo: La Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas y Responsabilidad por Daño Ambiental donde se indica que «En concordancia con las Fracciones VI y VII del Artículo 7 de la presente Ley, es fundamental que la Federación, los estados y los municipios, a través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y conservar la calidad del agua, en los términos de Ley».

Por último, parte importante del contexto es la falta de información ambiental oportuna, integral y actualizada. Si bien se cuenta con decenas de estudios, diagnósticos e instrumentos de planeación vinculados al Río Santiago, que son de conocimiento y consideración de la presente administración pública, y que tratan temas tan diversos como: identificación y caracterización de contaminantes, causas socioeconómicas de la contaminación, afectaciones a los derechos humanos y movimientos sociales en torno a la problemática; faltan estudios enfocados a temas como el impacto de las actividades agropecuarias o las afectaciones a la biodiversidad en la región, y fortalecer el monitoreo epidemiológico de enfermedades; asimismo, se requiere la actualización de los estudios integrales de calidad del agua que incluyan cobertura de contaminantes no normados, por mencionar algunos ejemplos.

Relación de problemas y potencialidades

Problemas

  • Deficiente disponibilidad y calidad del agua.
  • Muy elevados niveles de contaminación y daño ambiental.
  • Disminución de la calidad de vida de la población colindante.
  • Pérdida y degradación del capital natural y de los servicios ecosistémicos.
  • Marco legal e institucional deficiente.
  • Descoordinación Institucional.

Potencialidades

  • Agenda del Derecho Humano al Agua.
  • Red de capacidades científicas, humanas y sociales para atender el problema.
  • Evidencia empírica suficiente sobre el problema.
  • Condiciones para el diseño e implementación de instrumentos de mitigación.
  • Coyuntura para trascender de política sectorial a una política transversal e integral.